viernes, 11 de noviembre de 2011

Río + 20: una oportunidad histórica


Convocada por las Naciones Unidas, se celebrará en Río de Janeiro, en junio de 2012, una nueva cumbre global para reafirmar el pacto político por la sustentabilidad social, ambiental y económica del desarrollo mundial.
Se trata no sólo de repasar cuánto se ha logrado y qué queda pendiente de los compromisos asumidos durante la Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río en 1992, sino también de enfrentar los desafíos que presenta un mundo que ha cambiado de modo profundo en los últimos años. 
En esta oportunidad no será un gran acto deliberativo ni un espacio de negociación de tratados internacionales con compromisos vinculantes. 
Más bien se trata de un momento de construcción de nuevos horizontes comunes.
Dos décadas han transcurrido desde la Cumbre de Río 92, esa conferencia movilizadora sobre medio ambiente y desarrollo, a la que comparecieron más de 100 jefes de Estado, en la que se difundió el concepto de desarrollo sostenible: aquel capaz de "satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades" (en "Nuestro Futuro Común", Comisión Brundtland -1987). 
También en esa oportunidad se adoptaron varios convenios internacionales trascendentales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y sobre el Cambio Climático, y documentos políticos que, aunque no tuvieron efectos jurídicos inmediatos, sirvieron como catalizadores, como es el caso de la Declaración de Río con sus 27 principios, y la Agenda 21, un plan de acción con dimensiones económicas y sociales, conservación y gestión de los recursos naturales, fortalecimiento de los grupos principales y los medios de ejecución incluidos recursos financieros, transferencia tecnológica, educación y los instrumentos jurídicos internacionales.
La Cumbre también favoreció el desarrollo de innumerables procesos por fuera del sistema de las Naciones Unidas. 
Por ejemplo, se creó el Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible, fundado por el empresario suizo Stephan Schmidheiny, un referente importante para prácticas de ecoeficiencia y triple línea de resultados (social, ambiental y económico), hoy instalado en las agendas de las grandes empresas en muchos países. 
Pero, por sobre todo, la Cumbre de Rio 92 inspiró políticas y acciones locales en un sinnúmero de latitudes determinando un acercamiento gradual de las agendas sociales y ambientales con las económicas.
A menos de un año del próximo encuentro estamos ante el reto de convertirlo en una oportunidad de profundizar y acelerar un camino que permita explorar nuestro potencial de convivencia equitativa y de producción colectiva de bienes públicos globales y locales. 
Ello, desde la diversidad de culturas e intereses locales, nacionales y sectoriales, y expuestos al reto de adaptar nuestro modo de vida a las exigencias del planeta y a una distribución más justa de sus posibilidades entre los que viven en la actualidad y las próximas generaciones. 
Semejante desafío no puede ser más estimulante para el liderazgo, para nuestras culturas y nuestros valores universales. Se trata de un claro reconocimiento de la interdependencia global, de la diversidad de opciones y sus singularidades; de la necesidad de pensar no en lo que ocurre, sino en lo que podría suceder.
Los esfuerzos realizados hasta aquí no alcanzan. Hay mucho pendiente, y lo más interesante es que lo que falta afecta la estructura misma de cómo producimos, cómo consumimos y cómo nos organizamos. 
Es en este marco que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, convocó la nueva Cumbre para tratar dos ejes prioritarios: el de una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el del marco institucional del desarrollo sostenible. 
Ambos ejes dan espacio para mucha reflexión, participación, negociación y bases para horizontes nuevos. Sobre todo, dan lugar para desarrollar el liderazgo en todos los sectores independientemente de su ubicación geográfica, sectorial o ideológica. 
Son tiempos para economías y formas de hacer política más participativas y ambientalmente sustentables en el largo plazo.
Mientras que los negociadores del proceso preparatorio de Río + 20 definen el alcance de estos dos ejes a los fines intergubernamentales, el espectro completo del liderazgo social, empresarial y público tiene la oportunidad de proponer e impulsar soluciones concretas desde sus propios lugares especialmente para los ámbitos nacionales y locales.
Por fin, Río + 20 representa una oportunidad histórica para transitar hacia economías y políticas basadas en actividades que permitan mejorar las condiciones de vida de los más pobres, que promuevan el uso de energías renovables, la reducción, la recuperación y el reciclaje de residuos, la gestión sustentable y la restauración de ecosistemas.
Se trata de una gran oportunidad para realizar una comprensión profunda del medio, una necesidad de repensar la sustentabilidad política global y local tal como la conocemos hoy. ¿Están nuestros dirigentes a la altura de estas circunstancias? Es imprescindible superar ese pensamiento que sólo sabe moverse sólo en la inmediatez y comenzar a pensar en el largo plazo: la naturaleza no desaparece sola, sino que el hombre desaparece con ella.
La Nacion

martes, 8 de noviembre de 2011

Argentina avanza en estrategias de biodiversidad con enfoque social


Así lo aseguró hoy el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, durante el lanzamiento de la Comisión que asesorará a la cartera ambiental para el cumplimiento de los objetivos dispuestos por las Naciones Unidas en relación a la pobreza, la seguridad alimentaria y el suministro de agua.
El secretario de Ambiente afirmó hoy que “nuestro país realiza grandes esfuerzos para alcanzar un sano equilibrio entre producción y ambiente”. Lo aseguró durante el lanzamiento de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (Conadibio), que asesorará a la cartera ambiental para el cumplimiento de los objetivos dispuestos en el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.

Respecto del lanzamiento de la Comisión, Mussi afirmó que “su puesta en marcha va a contribuir a garantizar el derecho a un ambiente sano, tal como está contemplado en nuestra Constitución, en el Artículo 71”.

En ese sentido, se refirió a la necesidad de avanzar en la solución de problemas como la deforestación, la pesca indiscriminada, la caza y la contaminación de origen industrial, entre otras problemáticas.

Por su parte, la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, expresó que el objetivo es concretar una estrategia de biodiversidad que contemple la equidad social.

“Vivimos en un modelo de producción y consumo insustentable que busca maximizar ganancias a corto plazo y así dilapida los recursos de los cuales depende. En este contexto los pobres son los que más sufren” afirmó.

Además, recordó que, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), “para el 2030 la humanidad necesitará la capacidad de dos Tierras para absorber los desechos de dióxido de carbono y mantener el consumo de recursos naturales”.

El problema de la pérdida de biodiversidad es, junto al cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono, uno de los tres ejes sobre los cuales la Cumbre de la Tierra (1992) llamó a priorizar la acción política.

En ese camino, la creación de la Conadibio se enmarca en la Ley Nacional 24.375 que aprobó el Convenio sobre Diversidad Biológica y está integrada por representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales.

Su objetivo es generar consensos entre distintos actores de la sociedad para generar e implementar políticas de Estado en materia de biodiversidad desde una perspectiva que contemple la inclusión social, los valores de equidad y solidaridad y la integración entre los derechos humanos y del ambiente.

Tal como afirmó la subsecretaria, “permitirá la apertura de un diálogo a nivel de todo el país para compartir las visiones acerca de los ecosistemas más amenazados y los más relevantes para proveer servicios ecosistémicos”.

Según este enfoque, la biodiversidad debe ser considerada en relación a problemas como la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y el suministro de agua limpia, el crecimiento económico, los conflictos sobre utilización y asignación de recursos, la salud humana, animal y de las plantas, la energía y el cambio climático.

Por su parte, el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Martin Santiago Herrera, consideró que la Secretaría de Ambiente “va en la dirección correcta” en la búsqueda de “un balance virtuoso entre la satisfacción de necesidades humanas y la sostenibilidad del ambiente”.

Además, destacó que el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Potocolo de Nagoya “son instrumentos de las Naciones Unidas que pueden ayudar a encontrar respuestas para enfrentar estos desafíos”.

Estuvieron presentes en la apertura del evento el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales, Armando Gandia; Daniel Tomasini, coordinador del Área Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD; y representantes de todas las provincias argentinas, organismos gubernamentales y no gubernamentales.

prensa.argentina.ar