Circos y especies en vias de extincion

Analisis por Carlos Estrada

Hace menos de un mes fui consultado a raíz de la presencia del circo "Australiano" en Bell Ville, provincia de Córdoba y rápidamente ofrecí ayuda indicándole a un grupo presuntamente proteccionista que debían ajustarse a estricto marco legal, sin fanatismos.

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Sugerí a esta gente (no dio la cara la titular de la entidad) pautas correctas de actuación, pero aquellos que no tienen experiencia en lucha contra el tráfico ilícito de especies protegidas, en actitud caprichosa no aceptaron, como tampoco brindan soluciones de fondo sino barren y ocultan lo malo debajo la alfombra o sacuden el polvo por la ventana, que es más cómodo, pasando el problema a vecinos; ésto sumado a entretelones que desconozco habría desencadenado mayor perjuicio para animales cautivos la semana pasada, es decir, parece que los dueños del circo se vieron "presionados" y aparentemente tuvieron que abandonar a más de una docena de animales valiosos, incluso ofrecerlos en "donación" a cualquiera que quisiera hacerse cargo de ellos (según versiones recogidas de fuentes confiables).

La problemática de la fauna no es asunto que debe “resolver” gente sin idoneidad en el tema ni los improvisados de siempre acostumbrados a socorrer animales domésticos; no se trata de mostrar "sensibilidad" pública y poner piedras en el camino o apurar a legisladores provinciales para que traten proyectos sin asesoramiento científico, el fundamentalismo no soluciona nada, sirve para aumentar perjuicios.

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Mejor sería inculcar pacíficamente a la población a no concurrir a espectáculos que incluyan fauna, pero sabiendo que ese daño económico a los empresarios repercutirá en la alimentación de sus prisioneros.

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Dos provincias enteras no alcanzarían para albergar la fauna de los circos que se desplazan por Argentina (que morirá sin conocer la libertad).

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Sería "doble" la ilegalidad si las especies "rescatadas" de manos de traficantes pasara a particulares, es decir, alojada en zoológicos privados

(en su mayoría montados comercialmente por "coleccionistas" influyentes que nadie controla con transparencia).

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Por otra parte, si los gobernantes hicieran lo correcto, cada animal necesitaría un terreno natural muy amplio y adecuado para vivir con dignidad (juntos se matan), llevaría entre cinco y diez años construir hábitats con inversiones mensuales millonarias en dólares para comprar elementos y alimentos, sería necesario contratar a decenas de veterinarios, biólogos y zoólogos y a centenares de experimentados cuidadores, gastos que ningún país podría sostener.

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Aquí el problema ha crecido por los intereses económicos de trastienda, tráfico de influencias y cadenas de "tolerancias" alrededor del mercado negro de fauna protegida ("protegida" en teoría en Argentina), siendo evidente la inacción oficial: vista gorda de Gendarmería, Prefectura, fiscalías penales, justicia federal, direcciones de Ecología y Recursos Naturales, y especialmente la pasividad de autoridades de Aduana y Dirección Nacional de Fauna.

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Sin descartar posibles excepciones, la realidad continúa siendo grave y no puede disfrazarse con argumentos falsos, asunto que podría discutir con cualquiera en un marco de garantizada seriedad.

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Entiéndase: no hay aplicación de las leyes vigentes, procesamientos ni condenas, entonces los circos vulneran impunemente disposiciones de competencia nacional.

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El Congreso de la Nación (fragmentado porque cada integrante busca conveniencias personales y perpetuarse en escalones de poder) tendría que apretar las clavijas y expedirse con severidad y sin demoras en respaldo de convenios internacionales.

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Espero que los oportunistas de siempre, de cualquier lugar, no salgan a defender lo indefendible.

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Me he limitado a sugerir respetuosamente que hagan cumplir con rectitud y de manera comprobable las leyes No.22.421 y No.22.415 por amor a la Patria y por sensibilidad humana a fin que disminuya en Argentina la tenencia en cautiverio de fauna en peligro de extinción.

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C A R L O S .E S T R A D A

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periodista de investigación y proteccionista independiente de fauna salvaje con documentada trayectoria pública desde 1970 lo que consta en libros europeos, versiones taquigráficas legislativas, certificaciones oficiales y científicas, etc., con máximos reconocimientos internacionales por difundidas incautaciones valuadas en varios centenares de millones dólares